Una vez señalado Bin Laden como culpable de los ataques, Estados Unidos buscó construir una "Coalición Internacional contra el Terror" que le diera legitimidad en su difusa e incierta lucha global contra el terrorismo y un cheque en blanco a una ofensiva militar allí donde se realizara. Buscó apoyo en su propio Congreso y en los países occidentales más poderosos, se amparó en el Artículo 51 del Capítulo 7de la carta de las Naciones Unidas, que otorga el derecho a un país de responder a una agresión como medida provisoria hasta que el Consejo de Seguridad tome las medidas que considere.
Como la víctima era la primer potencia mundial, casi nadie cuestionó la legitimidad jurídica de la intención de EEUU de comenzar bombardeos sobre Afganistán. Sin embargo, especialistas en Derecho Penal Internacional sostienen que el Art.51 otorga a un Estado el derecho a repeler un ataque que se está llevando a cabo o es inminente, no de tomar represalias una vez que el ataque ha cesado, llevando adelante justicia por mano propia. Pero al Imperio nadie lo cuestiona, como nadie cuestionó, tras el asesinato de Osama Bin Laden en mayo de 2011, las múltiples violaciones a las normas elementales del derecho internacional. No hubo intento alguno de apresarlo pese a que se encontraba desarmado. Se lo asesinó y se lo tiró al mar, sin la posibilidad de un proceso de juzgamiento mediante el que nunca sabremos qué trapos sacaría al sol.
Lo único que sí sabemos, es que el segundo 11-S significó -entre otros- la excusa perfecta de EE.UU para incrementar su monstruoso Complejo Militar Industrial, principal sostén económico, y perpetuar el asalto a las regiones petrolíferas del oriente, el mundo árabe.
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